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A vueltas con la plusvalía Municipal

01 de Octubre del 2018 Noticias Jurídica

A vueltas con la plusvalía Municipal

En esta situación se ha hecho pública la valiente Sentencia de 19 de julio de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 9 de Madrid, que pone en duda la existencia de una vinculación absoluta de los distintos Juzgados y Tribunales a la interpretación sostenida por el Tribunal Supremo en la referida Sentencia de 9 de julio de 2018.

A juicio del Juzgador madrileño, la misión del Tribunal Supremo es la de formar la jurisprudencia al servicio de la mejor interpretación de las leyes, costumbre y principios generales del Derecho. Su función es, por tanto, de dirección y orientación, no de imposición.

Todos los Jueces y Tribunales deben sujetarse a la hora de interpretar las normas, costumbres y principios generales del Derecho a los criterios y orientaciones del Tribunal Supremo. Sin embargo, cuando consideren fundadamente que deben apartarse de ellas, deben hacerlo en virtud de lo dispuesto en el art. 3.1 del Código Civil. Dispone dicho precepto que "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene la finalidad, por tanto, de orientar a Juzgados y Tribunales en dicha interpretación de las normas. Pero ni los argumentos de autoridad ni el principio de igualdad o de seguridad jurídica justifican una vinculación absoluta con dicha jurisprudencia.

Todo ello sitúa al Juzgador ante el dilema de tener que decidir si aplicar la Sentencia del Constitucional de 11 de mayo de 2017 o la interpretación que de la misma ha llevado a cabo el Supremo en la sentencia de 9 de julio de 2018. Y ello, teniendo en cuenta que solo el Tribunal Constitucional tiene la competencia para resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes, así como sobre su alcance.

La inconstitucionalidad parcial de los arts. 107.1 y 107.2 a) del TRLRHL, cuestionada por un  Juzgado madrileño

Finalmente, el Juzgado madrileño se ha decantado por aplicar directamente la Sentencia del Tribunal Constitucional. Y es que, a su juicio, de la lectura de la misma se desprende, sin que sea necesario interpretar nada ni salirse de los términos gramaticales, lo siguiente:

1. Que los artículos del TRLRHL referidos son inconstitucionales y nulos ex origine. Es decir, desde su inicio.

2. Que hay que tener en cuenta la forma verbal empleada por el Tribunal Constitucional cuando se refiere a que los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLRHL son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida en que "someten" a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor. Y es que si el Tribunal hubiera querido plantear dicho sometimiento como posible o hipotético (es decir, en algunos casos sí y en otros no), hubiera utilizado el subjuntivo "sometan".

3. Que solo el legislador puede suplir el vacío legal que deja la declaración de inconstitucionalidad.

4. Que la norma (art. 110.4 TRLRHL) no permite probar un resultado diferente al que resulta de aplicar las reglas de valoración del impuesto.

Esto es cierto, si bien la declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo permitiría, ahora sí, aportar dicha prueba. A mi juicio, por tanto, el problema no es tanto que no sea posible aportar prueba, sino que el legislador todavía no ha suplido el vacío legal sobre cómo acreditar en cada caso la existencia o no de incremento de valor. Y dicho vacío legal no puede ser suplido por la valoración de la prueba que, en cada caso, realicen los Ayuntamientos, Juzgados o Tribunales.

5. Que no se puede reconstruir la norma en sentido distinto al que el legislador le quiso dar, con la única finalidad de salvarla de la inconstitucionalidad. El legislador no contempló la posibilidad de que no existiera incremento de valor. Por tanto, solo el legislador y no la Administración, Juzgados y Tribunales puede regular la forma de determinar, en cada supuesto, si ha existido o no incremento de valor.

En cualquier caso, la pretensión del Juzgado madrileño no es la de separarse del criterio del Tribunal Supremo ni la de reinterpretar lo que quiso decir el Tribunal Constitucional, competencias ambas que no le corresponden, sino tan solo la de aplicar la sentencia de este último, de acuerdo con su propia literalidad y atendiendo a sus términos gramaticales.